El Alcalde Único Constitucional de San Baltazar Loxicha Participa en Jornada de Formación en Miahuatlán
El alcalde único constitucional de San Baltazar Loxicha, Crescencio Mendoza Alvarado, participó activamente en la Capacitación de Autoridades Municipales y entrega del Manual del Alcalde, organizada por el Poder Judicial del Estado de Oaxaca. El evento tuvo lugar en la ciudad de Miahuatlán de Porfirio Díaz, con la finalidad de fortalecer el conocimiento y la capacidad de actuación de las autoridades municipales en temas de justicia, derechos humanos, equidad de género, y protección de grupos vulnerables.
Presentación del Manual del Alcalde
La jornada dio inicio con la intervención del Lic. Elmo Fernández Hernández, juez del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, quien explicó de manera detallada los contenidos del Manual del Alcalde. El juez abordó las funciones específicas del alcalde, así como sus atribuciones legales dentro del marco del sistema de justicia. Subrayó que el alcalde, como autoridad comunitaria, no sólo tiene facultades administrativas, sino también responsabilidades en materia de impartición de justicia, lo cual implica actuar con imparcialidad, conocimiento legal y respeto a los derechos humanos. Señaló la importancia de que los alcaldes comprendan el alcance de su autoridad en la solución de conflictos internos y su papel dentro de la estructura del Poder Judicial.
Derechos Humanos y Perspectiva de Género
Posteriormente, la Lic. Sheila Sánchez López, titular de la Unidad de Género del Consejo de la Judicatura de Oaxaca, ofreció una ponencia sobre los derechos humanos desde una perspectiva de género. Inició explicando que los derechos humanos son prerrogativas inherentes a toda persona por el simple hecho de serlo, y que no son concesiones del Estado, sino derechos ganados a través de luchas históricas. Abordó principios como la universalidad, que establece que todas las personas son iguales ante la ley; la interdependencia, que implica que los derechos están conectados entre sí (por ejemplo, el derecho a la vida vinculado al derecho a la alimentación); y la progresividad, que exige que los derechos no deben retroceder, sino mejorar con el tiempo.
Además, destacó el papel fundamental de las autoridades municipales en la prevención, atención y sanción de actos de violencia, y en la promoción de una cultura de igualdad, no discriminación y participación activa de las mujeres en la vida comunitaria. Subrayó la necesidad de impulsar acciones concretas desde las comunidades para prevenir el delito y garantizar que los derechos humanos se respeten en todos los niveles.
Justicia Alternativa y Resolución de Conflictos
En un tercer momento, la Mtra. Xóchitl Cruz Matías, directora del Centro de Justicia Alternativa del Estado de Oaxaca, ofreció una plática sobre mecanismos alternativos de solución de conflictos, como la mediación y la conciliación. Resaltó la importancia de cambiar el enfoque tradicional de la justicia por uno que priorice el diálogo, el entendimiento y el acuerdo entre las partes involucradas. Mencionó que, en muchas ocasiones, los problemas tienen causas sociales, económicas o personales profundas, por lo que es necesario que las autoridades municipales aprendan a ver más allá del conflicto aparente y busquen soluciones que reconozcan la dignidad de todas las personas. También propuso que los alcaldes promuevan la cultura de paz y la corresponsabilidad, especialmente en temas como el cobro de deudas, disputas familiares o conflictos comunitarios.
Órdenes de Protección y Violencia de Género
Más adelante, la jueza Tatiana Grace Sumohano Verdeja, responsable del Juzgado Especializado para Dictar Órdenes de Protección en el Distrito Judicial del Centro, abordó el tema de las órdenes de protección. Explicó que se trata de mecanismos legales urgentes y eficaces que buscan proteger a las mujeres víctimas de violencia, permitiéndoles acceder rápidamente a una vida libre de agresiones. Indicó que el síndico municipal tiene la obligación de emitir estas órdenes cuando sea el primer contacto con la víctima, y que el alcalde tiene la responsabilidad de supervisar que estas medidas se implementen adecuadamente. Detalló medidas como la recuperación inmediata de pertenencias personales, el desalojo del agresor del domicilio común y la restricción de acercamiento del violentador a la víctima. Enfatizó que la colaboración de las autoridades municipales es fundamental para garantizar la seguridad y la integridad de las mujeres en situación de violencia.
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes
La jornada concluyó con la participación de la Lic. Nancy Judith Bautista Cayetano, jefa del Departamento de Atención a Procuradurías Municipales de la Procuraduría Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (Prodennao). Su ponencia se centró en los protocolos de actuación ante casos de violencia contra menores, abarcando diversas formas de agresión como: violencia escolar, acoso, omisión de cuidados, castigo corporal, maltrato físico y psicológico, violencia sexual, falta de registro de nacimiento, y conflictos de guarda y custodia. Destacó que la violencia es inaceptable, sin importar quién la ejerza, incluso si proviene de la madre u otros familiares, y que es esencial evitar la revictimización.
La funcionaria hizo hincapié en la necesidad de que los municipios instalen su Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual debe estar integrada por un abogado, un trabajador social y un psicólogo, conforme lo establece el Artículo 71 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Esta instancia debe actuar con prontitud y en coordinación con otras autoridades para proteger los derechos de la niñez y la adolescencia en el ámbito comunitario.
Clausura
Al finalizar la jornada, la alcalde anfitriona de Miahuatlán de Porfirio Díaz ofreció un refrigerio a las autoridades asistentes, como muestra de hospitalidad y agradecimiento por su participación. El evento cerró con un ambiente de compromiso y reflexión colectiva sobre la importancia de ejercer el cargo público con responsabilidad, sensibilidad social y pleno respeto a los derechos humanos.
